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reuterswhitehouse+1instagram+1La administración Trump está intensificando su confrontación con la Corte Penal Internacional, lanzando un nuevo esfuerzo para aislar al tribunal con sede en La Haya, al que califica como una amenaza a la soberanía estadounidense, informó Reuters el lunes.reuters
Las opciones bajo consideración incluyen prohibiciones de viaje, revocaciones de visas y mayores sanciones contra el personal de la CPI, según un funcionario del Departamento de Estado. El Secretario de Estado Marco Rubio se encuentra entre los funcionarios que impulsan esta iniciativa.usnews+1
La campaña representa el paso más reciente y ambicioso en lo que ha sido un asalto sostenido contra la corte desde que el presidente Trump regresó al cargo. En febrero de 2025, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14203, que autorizó la congelación de activos y la suspensión de entrada para funcionarios de la CPI involucrados en la investigación de estadounidenses o aliados. Desde entonces, la administración ha sancionado a múltiples jueces de la CPI en rondas sucesivas: cuatro en junio de 2025, dos más en diciembre de 2025 y jueces y fiscales adicionales en agosto de 2025.courthousenews+4
A principios de este mes, el Fiscal General interino Todd Blanche envió una carta al presidente de la CPI declarando que "la CPI no tiene jurisdicción sobre personas estadounidenses, en ninguna parte del mundo, y cualquier intento de afirmar tal autoridad es ilegítimo, ilegal y una afrenta directa a la soberanía de los Estados Unidos". La carta establecía que los Estados Unidos se negarían a cooperar con cualquier investigación, indagación o procedimiento de la CPI en el futuro.aljazeera+1
La CPI ha respondido a la presión. A finales de junio de 2026, tres jueces de la CPI presentaron una demanda contra la administración Trump por las sanciones. La corte ha declarado anteriormente que "deplora" las penalizaciones de EE. UU., y los funcionarios argumentan que las medidas equivalen a una interferencia con la independencia judicial.bbc+2
Para julio de 2026, la CPI cuenta con 125 estados parte del Estatuto de Roma. Estados Unidos nunca ha ratificado el tratado y ha sostenido durante mucho tiempo que la corte carece de jurisdicción sobre los ciudadanos estadounidenses, una posición codificada en la Ley de Protección de los Miembros del Servicio Estadounidense de 2002, que autoriza al presidente a utilizar "todos los medios necesarios" para liberar a cualquier persona estadounidense detenida bajo una orden de la CPI.instagram+1
El nuevo esfuerzo para aislar a la corte va más allá de las sanciones individuales hacia lo que el Departamento de Estado ha caracterizado como el desmantelamiento de la capacidad de la CPI para funcionar como un control sobre la conducta de EE. UU. y sus aliados.forth+1